Miles de motoristas saldrán a la calle el 13 de junio, después de meses de silencio, para exigir sus derechos a la seguridad, igualdad, libertad y movilidad.
Desde la manifestación de 27 de octubre de 2019, movilizadas 27 ciudades diferentes de España y miles de motoristas para exigir el derecho a la vida, ante una administración pública irrespetuosa con los derechos de los ciudadanos, los motoristas no habíamos planificado nuevas movilizaciones por responsabilidad social de la situación sanitaria.
Ha pasado más de un año y medio y seguimos padeciendo un comportamiento de traición de nuestras administraciones públicas a la seguridad, igualdad y movilidad del colectivo de ciudadanos motoristas, en una desobediencia constante de los dictados de nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico, una desobediencia que en muchas ocasiones tiene capacidad de matar.
Durante todo este tiempo, bajo este modelo que no debemos seguir asumiendo, se han destacado administraciones como la propia Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Interior, titulares de una gran cantidad de carreteras y vías públicas.
En el ámbito local, algunos ejemplos de clara referencia de hostilidad hacia el colectivo los hemos y estamos padeciendo en Barcelona, Gijón, etc.
Por el derecho a la vida, por el derecho a la seguridad, por el derecho a la movilidad en libertad, para que se cumpla la ley de una vez por todas y nuestras administraciones públicas respeten el ordenamiento jurídico NOS MANIFESTAMOS.
Y lo hacemos pidiendo, al amparo del artículo 29 de la Constitución y otros, expresamente que:
Que se protejan todos los guardarraíles con sistemas de protección para motociclistas siguiendo el dictado del artículo 14 de la Constitución sobre la no discriminación.
Que el firme de carreteras y calles garantice la seguridad de rodadura en nuestras vías públicas, manteniendo la uniformidad estructural y de rozamiento legalmente establecidas y la limpieza adecuada.
Que las marcas viales garanticen la seguridad de rodadura en nuestras vías públicas, manteniendo el nivel de rozamiento adecuado.
Que se señalicen de forma adecuada y cumpliendo con la ley todos los peligros.
Que la DGT deje de acosar a los ciudadanos motociclistas tratando de imponer medidas de lastre al
uso de las motocicletas, dificultando el acceso a nuestro medio de movilidad personal.
Que la DGT y el resto de las administraciones públicas competentes en materia de vigilancia de la seguridad vial, vigilen también los incumplimientos legales relativos al mal estado de conservación de las carreteras.
Que se mejore la investigación de los siniestros de tránsito, identificando los factores reales directos o indirectos de nuestros accidentes para determinar las medidas preventivas adaptadas a la realidad de las circunstancias. Solicitamos un protocolo de investigación de accidentes de tráfico para todos los cuerpos policiales y la unificación de la formación de los investigadores.
Que las fiscalías de seguridad vial persigan a los responsables que, teniendo la obligación de mantener la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad vial, no restituyen la seguridad de la vía (artículo 385.2 del Código Penal).
Que los ayuntamientos reconozcan la motocicleta como un medio de transporte de alta eficiencia, permitiendo su uso en zonas de bajas emisiones.
Pedimos también que:
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Se incremente la velocidad en autopistas a 130 km/h siguiendo las consideraciones de 16 países de la unión europea y la unificación del criterio.
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Se reforme el Reglamento General de Circulación permitiendo el uso de intercomunicadores en los cascos de protección y la circulación por el arcén practicable en casos de congestión estática del tráfico a velocidad moderada.
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Se reduzca el IVA de los equipos de seguridad para motociclistas.
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Se reduzca el pago de uso de autopistas de peaje para motocicletas, no equiparándolas a los vehículos turismo y estableciéndolas en una escala inferior y proporcional al desgaste derivado de sus instalaciones.
Y por último, escuchadas las intenciones de nuestras administraciones públicas, solicitamos que:
- No se implante como obligatorio el uso de equipación de airbag.
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Retirada del apartado 3, del componente 1 del Plan de Recuperación, transformación y Resilencia para la creación de una “Ley de Movilidad y Financiación del Transporte” No estableciéndose peajes o pago alguno para el uso de carreteras convencionales y autovías, recordando a nuestras administraciones públicas que cobran denuncias, tasas e impuestos suficientes para sufragar su mantenimiento, derivados del uso y gestión de vehículos.
